Ideas de una mente indómita...

La suspensión del fiscal Campagnoli

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La amenaza legal.

A la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, le preocupa que sus subordinados se desempeñen en sus funciones. La incógnita del porqué no logra ser disfrazada con tecnicismos procesales, a pesar de que éstos amparen su proceder, al menos en lo jurídico.

El caso Lázaro Báez era ya escandaloso, pero ahora ha alcanzado la categoría de escalofriante. Sin el más mínimo disimulo, la jefa de los fiscales ha tomado parte en uno de los casos de corrupción más sonantes de los últimos años en Argentina, realizando una enfática defensa de los derechos del principal sospechoso. ¿Por qué? ¿Por amor a su oficio? ¿Para resguardar los derechos de un ciudadano supuestamente ordinario? ¿No hay ninguna otra motivación detrás de una maniobra tan excepcional?

Es altamente probable que el fiscal Campagnoli haya incurrido en faltas de procedimiento, porque de otro modo, el ataque no sería tan directo. Pero aun así, ¿es justificada la severidad con la que ha sido embestido por el aparato judicial? La suspensión del funcionario y su posible destitución llaman la atención en un país en el que el vicepresidente en funciones está en vísperas de ser procesado por haber intentado apoderarse de la máquina de hacer billetes. Evidentemente la balanza de la justicia necesita una calibración urgente.

Hay intencionalidad política e ideológica detrás del embate. Hay, como es usual detectar en los militantes más vehementes, teorías conspirativas que justifican eliminar al contrario. Pero incluso si Campagnoli fuera un agente encubierto del Grupo Clarín, sus vicios procesales poco podrían influir en la culpabilidad del sospechoso, porque la justicia se remite a las pruebas para dictar sentencias, y sin ir más lejos, errores en el proceso pueden contribuir a la nulidad de pruebas, pero jamás a la culpabilidad.

La voluntad de los mensajeros va más mucho más allá de la preservación del derecho. La intención quizás no sea sentar precedente del debido procedimiento ministerial, sino arrojar una advertencia, una amenaza emperifollada en la formalidad de un traje legal, para que nadie ose desafiar al poder de turno. Una maniobra despótica.

Las suspicacias no tienen cabida en este caso. La alevosía es evidente. Sí, quizás haya sustento legal para que Gils Carbó despliegue su aparato acusador contra su insolente y mal aprendido fiscal, pero también hay una sospechosa y exagerada intolerancia de rasgos partidarios.

“Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”, solía decir el general. Un ferviente peronista sin lugar a dudas tiene esta frase siempre presente. Este concepto político, sin embargo, esconde una picardía maquiavélica: no todo legal es justificable en el plano moral.


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